Un hacer común y necesario

Nada menos que cincuenta son los bienes de nuestro país inscritos por la UNESCO en su Lista del Patrimonio Mundial, una inscripción que lógicamente debe conllevar la adopción de medidas que garanticen la conservación de los valores por los que son reconocidos, una tarea para la que son fundamentales los Planes de Gestión en su calidad de instrumentos necesarios para la ejecución efectiva de las labores de conocimiento, preservación y difusión de esos valores universales excepcionales que les han conferido tan especial catalogación. Ciudad, como bien saben, incluida en tan prestigioso catálogo, nuestra capital provincial ha prestado marco los pasados martes y miércoles al desarrollo de unas jornadas técnicas de gestores de ese patrimonio –unas jornadas cuyas convocatorias se iniciaron en 2007– que han contado con más de setenta participantes y que han estado centradas precisamente en el Plan de Acción del Patrimonio Mundial en España 2024-2031 y se han articulado en torno a los objetivos básicos sobre los compromisos derivados de la aplicación de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural en nuestro país y en cómo fomentar la creación de una red profesional consolidada que pueda afrontar tal tarea, una tarea fundamental para proteger y valorar nuestra historia y cultura cumpliendo con ello con nuestra innegable obligación de transmitirlas a las nuevas generaciones, pero que además, en paralelo y casi cabría decir que egoísta beneficio para nosotros mismos, a más de fomentar nuestra propia cultura, nos proporciona también el de potenciar ese turismo cultural que bien llevado puede ser más que importante baza económica y de desarrollo. Es un patrimonio cuya gestión es, por tanto, crucial, pero para que se pueda cumplir con esa su función es imprescindible contar con políticas y estrategias adecuadas que permitan la protección de ese patrimonio ante los variados retos que para ello le plantea nuestro hoy, desde el crecimiento urbano a la falta –¡ay! – de recursos económicos para su preservación y mantenimiento. Es, por otra parte, un hacer que requiere, a más del trabajo de los gerentes de sitio, la colaboración y la participación de las propias estructuras estatales,  de las autoridades e instituciones públicas pero también de entidades privadas, de, por supuesto, los necesarios órganos consultivos –como por ejemplo el  Centro  Internacional  de  Estudios para la Preservación y Restauración de los Bienes  Culturales  (ICCROM),  el  Consejo Internacional  de  Monumentos  y  Sitios (ICOMOS) o la Unión Internacional para la Conservación  de  la  Naturaleza– y de los colectivos sociales en general; en suma, del total de la sociedad en su conjunto. Ojalá tomemos más conciencia de ello de la que en general, me temo que tenemos.